Crisis sanitaria en el país: presupuesto sin cambios ante aumento de enfermedades

El reciente informe del Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis ha encendido las alarmas sobre la grave situación de la salud pública en el país. Desde 2023, el presupuesto destinado a estos servicios se ha mantenido sin cambios, a pesar de que la inflación alcanzó un desorbitante 211,4% ese mismo año. Esta situación se agrava aún más con una proyección de inflación del 117,8% para 2024, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del Estado para garantizar el acceso a tratamientos vitales para pacientes con VIH y hepatitis. Las consecuencias de esta falta de inversión son palpables. La organización ha señalado un aumento en los diagnósticos de enfermedades como la tuberculosis, la sífilis y la mortalidad relacionada con el VIH. Esto no solo indica un deterioro en la salud pública, sino también una posible crisis sanitaria en ciernes si no se toman medidas inmediatas para abordar la situación. La falta de insumos y tratamientos adecuados pone en riesgo la vida de miles de personas que dependen del sistema de salud para sobrevivir. El Ministro de Salud, Mario Lugones, y el viceministro Alejandro Vilches han declarado que las funciones de las coordinaciones de Tuberculosis y Hepatitis se mantendrán dentro de la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. Sin embargo, esta afirmación ha sido recibida con escepticismo, ya que circuló documentación oficial que revela que los contratos del personal experimentado y comprometido en esta área están programados para vencer el 31 de enero de 2025. Esto plantea serias dudas sobre la continuidad de los servicios y la atención que se ofrece a los pacientes. Desde el Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis han expresado su preocupación por la falta de concreción en la compra de medicamentos y tratamientos desde el año pasado. Las quejas han apuntado a cambios compulsivos en los tratamientos de VIH, así como retrasos en la adquisición de medicamentos para tuberculosis y hepatitis, así como en la obtención de reactivos para diagnósticos. La organización advierte que esta situación no solo es alarmante, sino que está condenando a muchos pacientes a la incertidumbre y el sufrimiento. Además, la decisión de mantener el mismo presupuesto en 2025 que el aprobado en 2023 es vista como un desmantelamiento de la salud pública. En un contexto donde las enfermedades infecciosas están en aumento, se requiere una inversión significativa para hacer frente a esta realidad. La falta de recursos no solo pone en riesgo la salud de los ciudadanos, sino que también podría dar lugar a una crisis de salud pública aún más grave en el futuro. Los datos proporcionados por la organización son preocupantes: el aumento del 20% en los casos de tuberculosis, el crecimiento exponencial de la sífilis y el incremento en las nuevas notificaciones de VIH son solo algunos de los indicadores que revelan una situación crítica. Las hepatitis virales, que son algunas de las infecciones más prevalentes en el país, también están en una trayectoria alarmante. El Frente Nacional VIH, Hepatitis y Tuberculosis ha denunciado que el Ministerio de Salud está incumpliendo la Ley de Respuesta Integral 27.675, que establece que el Estado Nacional es el responsable de proporcionar una respuesta integral a estas epidemias. La falta de convocatoria a la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis es un claro ejemplo de cómo la responsabilidad está siendo eludida, mientras que la presión se traslada a las provincias, dejando a muchos pacientes en la incertidumbre. Esta situación requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte del gobierno. Las autoridades deben asumir su responsabilidad y garantizar que se realicen las compras necesarias para que los pacientes tengan acceso a los tratamientos que necesitan. Es fundamental que se restablezca la confianza en el sistema de salud y se priorice la atención a las enfermedades que afectan a la población más vulnerable. El desguace de la salud pública no es solo un tema de cifras y presupuestos; es una cuestión de vidas humanas. La sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y la comunidad médica deben unir fuerzas para exigir cambios y mantener la presión sobre el gobierno. La salud es un derecho y no puede ser sacrificada en el altar de la austeridad o la ineficiencia administrativa. En conclusión, la situación actual exige un compromiso renovado por parte del gobierno y la sociedad para garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a la atención médica que merecen. La salud pública no debe ser desmantelada; debe ser fortalecida. Es hora de actuar y garantizar un futuro saludable para todos.