Recortes en salud pública en Argentina generan preocupación por atención médica

En las últimas semanas, el sistema público de salud de Argentina ha sufrido un ajuste significativo que ha despertado la preocupación de profesionales de la salud y de la población en general. A través del decreto 1138/24, publicado el último día del año pasado, el Ministerio de Salud de la Nación ha confirmado la reestructuración de su organigrama, que incluye la decisión de no renovar 1.400 contratos de personal. Esta medida, presentada como un esfuerzo por aumentar la eficiencia, podría tener consecuencias graves para la atención de salud en un país donde alrededor del 27% de la población depende del sistema público. La situación se complica aún más ante el contexto actual, donde muchas personas han visto incrementados los costos de las obras sociales y prestadoras privadas. Según informes recientes, 54 empresas de medicina prepaga han dejado de operar, lo que ha llevado a una disminución de entre el 4% y el 6% de sus afiliados. Esto significa que más argentinos se verán obligados a recurrir al sistema de salud pública, que ya estaba lidiando con una alta demanda antes de los despidos masivos. Los recortes de personal no se limitan a los hospitales, sino que también se extienden a diversas instituciones vinculadas al Ministerio de Salud, como el Instituto Nacional del Cáncer y el PAMI. Mientras tanto, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, ha denunciado el cierre de 15 áreas esenciales para la gestión del sistema sanitario, incluyendo direcciones estratégicas como la de Géneros y Diversidad y la de Investigación en Salud. El ajuste ha suscitado reacciones inmediatas entre los especialistas en salud. La Sociedad Argentina de Infectología (SADI) ha solicitado una reunión con el Ministerio para discutir el impacto que las modificaciones en el organigrama pueden tener en áreas críticas como la de enfermedades transmisibles. Esta inquietud se refuerza al considerar que las coordinaciones que se están cerrando son fundamentales para asegurar un acceso equitativo y federal a la salud. La situación se torna más alarmante al observar que, de los 210 empleados cuyos contratos fueron renovados en enero, el 61% son personal técnico y especializado en áreas como vacunas y VIH. Los profesionales expresan su preocupación por cómo la reducción de personal técnico puede influir negativamente en la operación del Ministerio, subrayando que, sin recursos humanos adecuados, cumplir con las exigencias de los programas de salud se volverá una tarea compleja, si no imposible. Desde el Ministerio, las autoridades aseguran que los programas de salud seguirán funcionando y que no habrá una reducción presupuestaria significativa. Sin embargo, expertos en sanitarismo cuestionan esta afirmación, argumentando que la reducción de personal técnico inevitablemente impactará en la calidad de atención y en la capacidad del organismo para responder a emergencias sanitarias, como los brotes de enfermedades infecciosas que han sido cada vez más comunes. El diputado nacional Pablo Yedlin ha elevado su voz en el Congreso, presentando un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo brinde aclaraciones sobre las no renovaciones de contratos. Yedlin destaca la necesidad urgente de mantener áreas que gestionan la salud pública en un país con indicadores preocupantes, como el aumento de casos de tuberculosis y la baja cobertura de vacunación en el contexto posterior a la pandemia. Organizaciones como la Fundación Huésped también han expresado su preocupación, subrayando que el cierre de direcciones clave no solo sería un retroceso en materia sanitaria, sino que también violaría compromisos internacionales en materia de derechos a la salud. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza el derecho a la salud, ha sido citado como una referencia fundamental para la defensa de un sistema de salud robusto y accesible. Por su parte, desde el Ministerio aseguran que ya se han asegurado las vacunas para 2025 y que están en marcha las licitaciones para la campaña de vacunación del próximo año. Sin embargo, el debate sobre la inclusión de la vacuna contra el dengue sigue abierto, generando más incertidumbre en un contexto en el que la salud pública se enfrenta a desafíos cada vez mayores. Finalmente, mientras que el Ministerio de Salud parece estar en un proceso de descentralización y traspaso de responsabilidades hacia las provincias, las autoridades no han aclarado cómo se llevará a cabo este proceso ni qué implicaciones tendrá para la atención en salud. Con la historia reciente de la pandemia aún fresca en la memoria colectiva, muchos cuestionan si el camino elegido por el gobierno es el adecuado, y si realmente se está priorizando la salud de la población sobre criterios de eficiencia administrativa. En un momento crítico, el desmantelamiento de servicios y el ajuste en la estructura de salud pública podría tener consecuencias duraderas en el bienestar de los argentinos.