McKinsey acepta un acuerdo de $650 millones por su papel en la crisis de opioides de Purdue Pharma.

McKinsey acepta un acuerdo de $650 millones por su papel en la crisis de opioides de Purdue Pharma.

McKinsey & Company pagará 650 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia sobre su papel en la promoción de OxyContin en medio de la crisis de los opioides.

Emilio Juan Brignardello, asesor de seguros

Emimlio Juan Brignardello Vela

Emilio Juan Brignardello Vela, asesor de seguros, se especializa en brindar asesoramiento y gestión comercial en el ámbito de seguros y reclamaciones por siniestros para destacadas empresas en el mercado peruano e internacional.

Salud

En un desarrollo legal significativo, McKinsey & Company, una de las firmas de consultoría de gestión más prestigiosas del mundo, ha acordado pagar 650 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia sobre su trabajo de consultoría con Purdue Pharma, el fabricante del altamente adictivo opioide OxyContin. Este acuerdo marca un momento crucial en las repercusiones continuas de la crisis de opioides, que ha cobrado cientos de miles de vidas en los Estados Unidos. En el centro del caso del gobierno se encuentra evidencia de que McKinsey aconsejó a Purdue Pharma que "impulsara" las ventas de OxyContin en un momento en que la nación enfrentaba una epidemia de adicción a los opioides sin precedentes. Durante un período de aproximadamente 15 años, más de dos docenas de socios de McKinsey estuvieron involucrados en la consultoría para Purdue, lo que plantea serias preguntas éticas sobre el papel de la firma en la exacerbación de la crisis. Como parte del acuerdo, el ex socio senior Martin Elling también se declarará culpable de obstrucción de la justicia por destruir registros internos relacionados con el trabajo de la firma con Purdue. Las acciones de Elling incluyeron la eliminación de documentos que podrían haber sido relevantes para las investigaciones, como se reveló en comunicaciones donde discutía la necesidad de "eliminar todos nuestros documentos y correos electrónicos" a la luz del escrutinio en curso. La declaración de McKinsey tras el acuerdo fue contundente, ya que la firma expresó un profundo pesar por sus tratos pasados con Purdue Pharma. "Debimos haber apreciado el daño que los opioides estaban causando en nuestra sociedad", reconoció la firma. Esta admisión representa un cambio con respecto a su postura anterior, donde McKinsey había resuelto diversas investigaciones sin admitir ninguna falta. El sentimiento refleja la creciente presión de rendición de cuentas que enfrentan las corporaciones involucradas en la crisis de opioides, a medida que continúan aumentando las preocupaciones de salud pública. Este acuerdo es parte de un patrón más amplio en el que McKinsey ha enfrentado escrutinio por sus prácticas, tanto a nivel nacional como internacional. Justo a principios de este mes, otro ex socio senior, Vikas Sagar, se declaró culpable de cargos de conspiración relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lo que destaca aún más la controvertida historia de la firma. McKinsey ha llegado a acuerdos previamente por aproximadamente 1,000 millones de dólares con varios estados y municipios por su trabajo de consultoría con Purdue y otros fabricantes de opioides. La firma ahora está navegando un aumento del escrutinio por parte de legisladores y del público, particularmente a la luz de las audiencias en el Congreso que examinaron su doble papel en asesorar a los fabricantes de opioides mientras también consultaba a organismos reguladores como la Administración de Alimentos y Medicamentos. Las implicaciones de las acciones de McKinsey van más allá de los acuerdos financieros, ya que plantean preguntas críticas sobre la ética corporativa y la responsabilidad en el ámbito de la salud pública. La participación de la firma con Purdue Pharma y los reguladores federales subraya una preocupante intersección de intereses que puede haber contribuido al empeoramiento de la epidemia de opioides. A medida que avanzan los procedimientos legales, las ramificaciones de este caso continúan desarrollándose, particularmente en relación con el plan de bancarrota de Purdue Pharma, que busca proporcionar compensación a las familias afectadas por la crisis de opioides, pero que actualmente está atrapado en desafíos legales. En un contexto más amplio, este caso sirve como un recordatorio de la urgente necesidad de rendición de cuentas entre las corporaciones que operan en sectores que impactan significativamente la salud pública. La crisis de opioides, alimentada por prácticas agresivas de marketing y consultoría, ha dejado una cicatriz duradera en la sociedad estadounidense, y los acuerdos alcanzados pueden representar solo un pequeño paso hacia la reparación del extenso daño causado.

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