Gobierno bonaerense asume costo de reactivos para tratamientos de VIH ante crisis nacional

El reciente anuncio del gobierno bonaerense, encabezado por el Ministerio de Salud de Nicolás Kreplak, ha generado un rayo de esperanza para las aproximadamente 36,000 personas que viven con VIH en la provincia. A partir de ahora, el Estado provincial se encargará de cubrir el costo de los reactivos para realizar análisis cruciales como la carga viral, citometría (CD4) y pruebas de resistencia al virus. Esta decisión surge tras los recortes realizados por el Estado nacional en septiembre de 2024, una medida que había dejado a muchos en una situación de vulnerabilidad. Los insumos para estos estudios son esenciales para monitorear el avance o retroceso del virus en el organismo, ajustar tratamientos antirretrovirales y garantizar su efectividad. Especialistas en salud han calificado estos reactivos como fundamentales para el seguimiento adecuado de la enfermedad, y la falta de ellos había puesto en riesgo la calidad de vida de muchas personas. El anuncio del gobierno provincial llega en un momento crítico, cuando la falta de recursos había comenzado a generar un impacto negativo en la salud de los pacientes. Desde el Ministerio de Salud de la provincia, se ha aclarado que los estudios deberán ser solicitados a laboratorios de referencia, y que aquellos pacientes con cobertura de obra social deberán realizarse los análisis en el subsector privado. Esta organización pretende asegurar que las personas reciban el seguimiento adecuado y que los equipos de salud cuenten con la información necesaria para llevar a cabo los análisis pertinentes. Sin embargo, esta acción es apenas un paliativo ante lo que muchos consideran una crisis estructural en el sistema de salud. Las provincias enfrentan limitaciones de recursos y no pueden asumir indefinidamente responsabilidades que deberían ser del Estado Nacional. La decisión de recortar la distribución de reactivos para VIH y hepatitis por parte del gobierno de Javier Milei ha sido vista como un abandono de las políticas preventivas necesarias para enfrentar estas enfermedades. Organizaciones dedicadas a la prevención y asistencia al VIH han expresado su preocupación por la falta de políticas públicas que permitan un manejo adecuado de la salud en la provincia. KOPELCO, una de estas organizaciones, ha dejado claro que la reducción en la distribución de preservativos y otros insumos ha tenido un efecto desastrozo en la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluyendo la hepatitis. La falta de acceso a preservativos y la disminución de campañas preventivas han contribuido a un aumento en el riesgo de contagio. El cierre de áreas clave dentro del Ministerio de Salud nacional, como las Coordinaciones de Tuberculosis, Lepra y Hepatitis Virales, ha suscitado una ola de rechazo y preocupación entre profesionales de la salud y organizaciones civiles. Estas coordinaciones, que habían sido establecidas para gestionar políticas específicas en la materia, han sido desmanteladas, poniendo en riesgo los avances logrados en la lucha contra estas enfermedades en los últimos años. La eliminación de la Coordinación de Hepatitis Virales, creada en 2012, es un golpe duro para los esfuerzos de prevención y tratamiento. Los expertos advierten que esta decisión generará desorganización en la asistencia y campañas de prevención, que ya se encuentran debilitadas. María Eugenia de Feo, presidenta de la Fundación HCV Sin Fronteras, ha enfatizado la gravedad de la situación, señalando que la falta de reactivos para hepatitis C dificultará la detección temprana de la enfermedad. La tuberculosis, también amenazada por estos recortes, es otro foco de preocupación. Los datos recientes muestran un aumento en los casos de tuberculosis en el país, y muchos especialistas advierten que la falta de prevención y diagnóstico temprano podría hacer que la situación empeore aún más. Nancy Ballestin, del Observatorio Social de Tuberculosis de Argentina, ha señalado que esta enfermedad es especialmente peligrosa para las personas que viven con VIH, ya que es la primera enfermedad oportunista para este grupo. Mientras el gobierno nacional desmantela sus políticas de salud pública, los países vecinos han demostrado que la inversión en programas de prevención puede tener un impacto significativo en la reducción de enfermedades transmisibles. El programa Bolsa Familia en Brasil ha mostrado resultados positivos en la disminución de casos de tuberculosis, evidenciando la importancia de la atención primaria y el acceso a una alimentación adecuada. Frente a este panorama, las organizaciones sociales intentarán llenar el vacío dejado por el Estado, aunque son conscientes de que su capacidad es limitada. La falta de recursos y el desmantelamiento de la estructura nacional para coordinar acciones entre provincias complican aún más la situación. La necesidad de una respuesta unificada y bien articulada se hace más evidente que nunca. En conclusión, mientras el gobierno bonaerense da un paso al frente para cubrir los tratamientos de VIH, el desmantelamiento de las políticas de salud a nivel nacional plantea serias interrogantes sobre el futuro de la atención sanitaria en el país. La eliminación de coordinaciones claves y el recorte de recursos ponen en riesgo no solo la salud de quienes viven con VIH, sino también la de muchas otras personas que dependen de un sistema de salud robusto y accesible. La lucha por la salud pública no solo es un desafío local, sino una responsabilidad compartida que requiere atención urgente y un compromiso renovado por parte de todos los actores involucrados.